Armstrong y Arequito avanzaron con nuevas normativas de aplicación en base al diálogo social y a mayores controles.
Uno de los debates centrales en torno a sustentabilidad del modelo agroindustrial argentino de los últimos años gira en torno a las aplicaciones de agroquímicos, sobre todo cuando esto ocurre en cercanías de pueblos o ciudades de las regiones agrícolas. Santa Fe, territorio ubicado en el corazón geográfico e histórico del sector, transita esa problemática con diferentes miradas y respuestas desarrolladas, muchas veces, desde las propias comunidades y poderes locales.
En el último tiempo dos experiencias merecen ser puestas en consideración: la de la comuna de Arequito y la de la ciudad de Armstrong, donde tras procesos de diálogo que incluyeron a diferentes sectores sociales se actualizaron las normativas relativas a las aplicaciones tanto en relación a las distancias habilitadas y a los controles y al papel del Estado, como a la propia esencia de contar con normativas sobre la actividad.
En ambos casos, la presencia de ingenieros agrónomos como articuladores del debate y como referencia de control y transparencia en las actividades de aplicación fueron clave.
Arequito: actualización y control
Franco Zuchetti (Mat.82-2-1570), recibido de ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional de Rosario, es desde hace cuatro años el veedor de aplicaciones de fitosanitarios para el periurbano de Arequito. “Me contrataron para esta tarea, estoy a cargo de las aplicaciones de fitosanitarios y a lo que apuntamos es al ordenamiento de todos los tratamientos”, señaló a modo de presentación.
En ese pueblo conocido como “la capital nacional de la soja” hubo desde 2019 hasta ahora un proceso de actualización de la ordenanza que, entre otras cosas, amplió territorialmente la función del veedor, que no sólo controla el periurbano sino toda la extensión del distrito.
“Esto me otorga un poder más grande para actuar ante situaciones irregulares en unas 48 mil hectáreas”, dijo, para agregar que, además, existen áreas protegidas como el parque industrial y el balneario comunal, más y mejor protegido desde la sanción de la nueva normativa.
Cronología y origen del proyecto
Zuchetti, oriundo de Arequito y recibido como profesional en 2016, trabaja también como asesor privado de productores agrícolas de la zona. El ingeniero agrónomo contó que la ordenanza anterior, que se había elaborado junto a los especialistas del Inta de Oliveros, comenzó a trabajarse en el año 2011 a medida que se complejizaba el tema de las aplicaciones de agroquímicos en las zonas periurbanas: “en su momento fue muy completa, pero detectamos que había cada vez más reclamos sociales, sobre todo en cuanto a la presencia de equipos de ‘fumigación’ ”.
Derivas bajo la lupa
El profesional relató que uno de los mayores problemas está relacionado con el olor que generan las aplicaciones en caso de deriva hacia las zonas pobladas. “En época de aplicaciones masivas con frecuencias de tres o cuatro veces por semana se sentía ese olor a la tardecita”, explicó, para agregar que en base a eso se decidió restringir las formulaciones de 2,4 D etil hexílico en todo el distrito.
“Es tal vez la modificación más grande que plantea la nueva normativa. Antes se restringía en torno a 1.000 metros del área protegida, y eso pasó a los 2.000 metros”. Esto significa que a través de mayores exigencias se busca desalentar lo máximo posible su uso para que los productores se vuelquen a formulaciones menos volátiles. “Intentamos restringir, pero no prohibir, porque Arequito ya tiene un historial de prohibición con juicios que generaron muchísimos inconvenientes legales”, acotó Zuchetti.
Otros paradigmas productivos
En el caso de Arequito, desde esa comuna acompañaron la nueva ordenanza sobre aplicaciones con la promoción del uso de otras alternativas productivas, ahora en stand by tras el cambio de gobierno a nivel provincial. “Encaramos firme con eso con el anterior gobierno, pero lamentablemente se terminó después de las elecciones. Los productores que nos acompañaban dejaron, una pena porque la idea era empezar a generar información propia”.
En ese punto, el profesional destacó que la idea era acumular conocimiento teórico y práctico sobre la viabilidad agronómica y económica de producciones sin aplicaciones: “esa idea quedó planteada en la ordenanza para poder en un futuro tanto permitir como fomentar estas alternativas productivas y saber qué beneficio económico podrían tener”, explicó.
Evaluación y expectativas
La actualización de la ordenanza se sancionó en noviembre pasado por lo que, todavía, es demasiado pronto para poder evaluar su funcionamiento y cumplimiento: “ya había pasado el período de aplicaciones masivas, pero aun así creo que mejoramos bastante, ya que tanto los productores como los aplicadores están exigiendo el uso de formulaciones menos volátiles”, razonó el profesional, que recordó que se trata de un proceso largo.
Según relató, en la actualidad la comuna tiene el control del 100% de los lotes del periurbano. “Ningún aplicador trabaja sin que yo esté presente, en este caso el control del Estado funciona”, dijo, para agregar que lo que se busca es dar respuesta a los reclamos sociales de que no se fumigue cerca de los núcleos poblados.
“Me tomo el trabajo de explicarle a quien quiera las técnicas de aplicación, hemos controlado lotes con vecinos al lado para mostrarles que si se hace bien no debería haber inconvenientes, siempre sabiendo que estamos usando productos con toxicidad. Es un tema muy bravo, sin duda”, reconoció el ingeniero agrónomo.
Modo de uso
Zuchetti explicó que, una vez que el productor lleva la receta a la comuna, él la revisa con especial atención en que figuren pastillas de pulverización anti deriva. Después se contacta con el aplicador, ven juntos los pronósticos de viento y se coordina la presencia en el lote, donde se vuelven a evaluar las condiciones ambientales. También se chequea que los productos se adecuen a la normativa y que el equipo esté habilitado y matriculado.
“Si se cumplen las condiciones ambientales y sociales necesarias (que no esté circulando gente) se autoriza la carga de los productos. Todo queda registrado en un acta triplicada, la original queda en la comuna para que la pueden ver los vecinos. La idea es sumar máxima transparencia y control y no dejar nada suelto a criterio del aplicador”.
Con sello local
Para el experto, tiene sentido que cada localidad decida la manera en la cual controla y autoriza las aplicaciones de fitosanitarios: “hay que entender que esto es más político y social que técnico, por eso las normativas tienen que reflejar el diálogo interno y la idiosincrasia de cada comunidad”, argumentó. “No es lo mismo un lugar donde todos viven del campo que otro con diferente componente social y laboral. Creo que cada comuna debe poder determinar las áreas de exclusión en torno a su núcleo urbano”, dijo Zuchetti.
Armstrong: participación social y profesional
Armstrong, ciudad con fuertísimo sello agroindustrial, también recorrió un camino particular hasta conseguir una normativa local sobre aplicaciones que permitiera el trabajo de los productores sin poner en riesgo la salud de sus habitantes. En ese camino, los ingenieros agrónomos de la localidad, tanto aquellos con injerencias en instituciones públicas como en empresas privadas, cumplieron un papel fundamental.
Así lo detalló el ingeniero agrónomo Ariel Zazzarini (Mat. 82-1-0740), quien se recibió en la facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza y trabaja desde hace 17 años en la Cooperativa Agropecuaria de Armstrong Ltda como asesor en cultivos extensivos y de compra y venta de insumos junto a su colega Luciana Mancini (Mat. 82-2-1324).
Según relató, existía una ordenanza “con la que se trabajaba bien” y que estaba de acuerdo con la Ley provincial, que estipulaba que en la franja periurbana se podían utilizar productos de banda verde hasta los 500 metros desde los límites urbanos, y sólo eventualmente de banda azul, siempre con aplicaciones terrestres hasta los 3.000 metros. “Así trabajábamos y había un compromiso importante de los propietarios y colegas asesores de los campos linderos; como así también por parte del municipio que tiene contratado a un ingeniero agrónomo para supervisar las aplicaciones”.
Esto cambió cuando se supo que en el Concejo Municipal se había presentado un proyecto de modificación de la ordenanza vigente, que planteaba modificar las distancias de aplicación, algo que, según explicó el especialista, “generó un interrogante sobre los motivos acerca de tal modificación y los efectos que ello podría generar en la producción local”. A partir de allí, se armó un grupo de profesionales que reunió no sólo a ingenieros agrónomos, sino también a integrantes de la vida comercial y rural de Armstrong, para debatir y analizar el tema.
Prórroga y búsqueda de consensos
Zazzarini relató que, a partir de la participación de un grupo de profesionales y tras reunirse con los representantes políticos de la comunidad, se acordó establecer un año de prórroga durante todo 2019 para llevar adelante ensayos prácticos “para mostrar los problemas que iba a traer el dejar mucha cantidad de superficie sin laboreo”.
Se decidió de común acuerdo mantener vigente la anterior ordenanza mientras se hacían ensayos en el terreno; “Ensayamos con labranza convencional, sembramos soja y maíz sin agroquímicos y con una y dos aplicaciones, y luego mostramos cómo se habían desarrollado los cultivos”.
Según explicó el profesional, de esos ensayos concluyeron que el trabajar sin insumos químicos generaba “una presión de malezas importantísima”, algo que constataron todos los concejales en lo que fue el primer paso para, según relató, “ver que sin aplicaciones es imposible producir”. “Esto arrancó en 2019 y ahí fue la prórroga, luego en 2020 llegó la pandemia, pero aun así pudimos mostrar los resultados”.
Actualización de la normativa
Este año, finalmente, se actualizó la ordenanza en base a la información recogida en los ensayos de los dos últimos años. “El año pasado hicimos más pruebas y almacenamos los datos, con más evidencia concluimos que, la disminución de rendimiento en los lotes con cero aplicaciones versus aquellos que tenían pocas (una o más), era muy evidente”, detalló Zazzarini.
El profesional explicó que, tras un compromiso entre todas las partes, incluso de quienes se oponían a cualquier aplicación a menos de 1500 metros, se planteó el siguiente esquema:
- 0 a 50 metros no se pueden hacer aplicaciones.
- 50 a 550 metros se permite una sola aplicación supervisada por el profesional (el ingeniero agrónomo) que el municipio contrate, pudiendo solicitarse eventualmente una aplicación adicional “de rescate”. Según las condiciones climáticas o un posible ataque de insectos. Siempre con productos de banda verde y de forma terrestre.
- Entre los 550 y 1050 metros no hay restricciones en cantidad de aplicaciones, siempre y cuando se usen productos de banda verde con métodos terrestres, a partir de esa distancia se pueden utilizar productos de todas las bandas (excepto roja).
Con respecto a las aplicaciones aéreas, se autorizan a partir de los 3000 metros de la zona urbana.
Con impronta propia
Como primera lectura, el ingeniero agrónomo destacó la importancia del proceso de diálogo colectivo “ante una problemática que genera muchas inquietudes”. “Ningún colega tuvo reparos en participar, nos organizamos tanto quienes trabajan en lo público como los asesores privados, pudimos establecer líneas de trabajo y fuimos colaborando para cuidar los ensayos y juntar información. Se pudo dialogar”, agregó, para subrayar que a raíz de eso se decidió dejar una franja de 50 metros libres de fitosanitarios “para que la gente se sintiera más contenida”.